El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Alcaldía garantizar condiciones dignas de alojamiento en un plazo máximo de tres meses.
Bogotá deberá reubicar a la comunidad indígena Emberá albergada en la UPI La Rioja, según una reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió una tutela presentada por la Personería de Bogotá contra la Alcaldía Mayor y varias entidades distritales. La sentencia modificó el fallo de primera instancia del Juzgado 57 Administrativo, que había declarado improcedente la acción.
Tras el análisis del caso en segunda instancia, la corporación judicial amparó los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad y la vivienda digna de los miembros de los pueblos indígenas Emberá asentados en la Unidad de Protección Inmediata – UPI La Rioja. Condiciones precarias en La Rioja
La situación en la UPI La Rioja ha sido denunciada por diversas entidades. Según la Secretaría de Salud, el lugar fue objeto de clausura total temporal en 2023 (Resolución 1207), tras constatar condiciones insalubres, hacinamiento, riesgo de derrumbe y proliferación de roedores. Desde 2022, al menos 16 niños han fallecido en el albergue, lo que pone en evidencia la urgencia de la intervención institucional.
Testimonios como el de Luis Eduardo Sintúa, desplazado desde Bagadó, Chocó, revelan que “los baños están acabados, dormimos en el piso y hay muchas ratas. Si no nos reubican dignamente, seguiremos aquí resistiendo”, dijo. Panorama poblacional
De acuerdo con la Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación, en 2024 había cerca de 1.560 indígenas Emberá en Bogotá, distribuidos en 640 familias. En el albergue La Rioja permanecen 714 personas, entre ellas 361 mujeres y 178 niños menores de 5 años. Del total, 542 manifestaron su intención de retornar, 61 desean ser reubicados y 111 optan por integrarse localmente, Se crea Comité de Emergencia
En su fallo, el Tribunal también ordena a la Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección del alcalde Carlos Fernando Galán, crear un Comité de Emergencia con participación de las entidades involucradas, la Personería de Bogotá, representantes de la comunidad Emberá y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Este comité deberá sesionar permanentemente para diseñar e implementar acciones que garanticen una evacuación efectiva, digna y respetuosa de los derechos culturales de la comunidad.
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