Los conflictos sociales en el sector minero-energético en Colombia aumentaron un 46 % en 2023 con respecto al 2022, informó este martes la Defensoría del Pueblo, que advirtió que la mayoría de demandas de la gente tienen que ver con derechos laborales.
La Defensoría registró 41 eventos más en comparación con el 2022, cuando se presentaron 89 en todo el país.
«En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, nuestra Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social registró el año anterior un aumento del 46 % de eventos, cuando se presentaron 130, en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 89», dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energético.
Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios (33 %); conflictos ambientales (32 %), y regulación, formalización y control de actividades mineras (11 %).
También la presencia e inversión estatal (8 %); múltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8 %); respeto de los derechos a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de proyectos minero-energéticos (7 %), y otros (1 %).
El informe resalta la existencia de conflictos ambientales por explotación de hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas, lo que ha impactado la vida y los derechos de campesinos y pescadores de la región del Magdalena Medio.
En el caso específico del departamento del Chocó, los conflictos se gestaron en torno a la explotación aurífera y del cobre. Se evidenciaron inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad como medio de subsistencia.