En zonas rurales de Chocó, comunidades denuncian una estrategia alarmante del Clan del Golfo: ocupar viviendas sin violencia explícita, pero con un mensaje claro de control. La presencia de una hamaca colgada en el patio basta para que las familias entiendan que ya no están solas. Sin disparos ni amenazas directas, el grupo armado impone su autoridad en medio del silencio forzado.
Líderes sociales advierten que esta táctica hace parte de una transformación del control territorial. Los integrantes del grupo rotan constantemente y se integran en la vida cotidiana de las comunidades, incluso ofreciendo ayudas como alimentos o electrodomésticos. Para muchas familias vulnerables, esta aparente “colaboración” dificulta denunciar y fortalece el dominio del grupo.
Además, se reporta la realización de censos ilegales bajo la excusa de entregar ayudas humanitarias. Estos registros detallados de habitantes permiten al grupo ejercer vigilancia total sobre la población. “Es un control directo del territorio”, denuncian líderes, quienes alertan sobre el riesgo de normalizar estas prácticas.
Las críticas también apuntan al proceso de diálogo con el Gobierno, señalando que los informes oficiales no reflejan la realidad en terreno. La ausencia de verificación independiente y la falta de participación comunitaria generan desconfianza, especialmente frente a temas sensibles como el reclutamiento de menores.
Mientras tanto, las comunidades siguen atrapadas entre el miedo y el silencio. La convivencia forzada, el reclutamiento progresivo de jóvenes y la ausencia estatal consolidan un escenario donde la guerra ya no irrumpe con ruido, sino que se instala dentro de los hogares.
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