El 2025 comienza con un escenario devastador para las comunidades negras del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), ubicadas en los municipios de Medio San Juan, Itsmina, Sipi, Nóvita, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca). La intensificación del conflicto armado ha puesto en grave riesgo a miles de personas, incrementando las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en las áreas de Puerto Murillo, Fujiadó y otras comunidades ribereñas de los ríos San Agustín y Taparal. En estos lugares, ya se registran desplazamientos masivos, y la situación podría empeorar si no se toman medidas urgentes.
Las comunidades afectadas claman por la intervención inmediata de las instituciones del Estado. Se exige la implementación de medidas de protección que prevengan más desplazamientos forzados, confinamientos, enfrentamientos armados en zonas civiles y otros crímenes de lesa humanidad. Además, se destaca la necesidad de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregue de manera urgente los botes y motores solicitados para mejorar la protección colectiva, ya que son fundamentales para atender esta crisis humanitaria. La situación en el río San Juan, que arrastra a esta región desde 2021, demanda una respuesta más efectiva por parte del gobierno.
Por último, ACADESAN insiste en la necesidad de un cese al fuego multilateral que involucre a todos los actores armados en la zona. Sin un diálogo de paz, las violencias seguirán agravándose. A pesar de los desafíos, la organización reafirma su compromiso con la dignificación de las comunidades y el trabajo por un futuro en el que se garanticen sus derechos. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de las medidas de protección colectiva aprobadas en diciembre de 2023 es clave para avanzar hacia un 2025 más esperanzador y justo.