La Procuraduría General de la Nación rechazó las acciones de grupos armados en el Chocó y solicitó al Gobierno y a las autoridades actuar con urgencia para garantizar la seguridad de la población civil.
Según el ente de control, organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han generado un grave impacto en comunidades vulnerables debido a sus enfrentamientos, confinando a más de 10 mil personas en la región. Además, la siembra de minas antipersona ha incrementado el riesgo para los habitantes.
El Ministerio Público reiteró que es responsabilidad del Estado garantizar la protección de los ciudadanos y velar por el respeto de sus derechos. «Las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra, bienes, creencias y libertades de todas las personas residentes en Colombia», expresó la Procuraduría en un comunicado.
Finalmente, la entidad afirmó que continuará con su labor de vigilancia y seguimiento a las acciones implementadas por las autoridades, con el fin de prevenir riesgos y asegurar la protección de las comunidades afectadas.