La Fiscalía General de la Nación explicó las razones jurídicas que permitieron la liberación de Jesús María Restrepo Borja, conocido como alias Darlison, quien fue capturado en un operativo militar en el departamento del Chocó. Según el ente acusador, su liberación se dio en cumplimiento de normas que reconocen su papel como representante en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
Alias Darlison fue aprehendido junto con Jader Montoya Yepes y Arbey Correa Vargas en la vereda El Roble, municipio de El Carmen de Atrato, durante una acción del Ejército Nacional. Mientras estos dos últimos fueron enviados a prisión tras ser judicializados, Restrepo Borja fue dejado en libertad en atención a un decreto presidencial y una resolución de la misma Fiscalía.
La medida se basa en el Decreto 888 del 15 de julio de 2024, mediante el cual el Gobierno le otorgó a alias Darlison la calidad de negociador en el proceso de paz. Asimismo, la Resolución 323 del 23 de agosto de ese mismo año ordenó la suspensión temporal de las órdenes de captura en su contra, decisión tomada por solicitud del Ejecutivo.
A pesar de su liberación, la Fiscalía indicó que en los próximos días se le imputarán cargos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso restringido. Esta actuación sugiere que el proceso penal en su contra continuará, aunque con las condiciones especiales derivadas de su rol en las conversaciones con el Gobierno.
Alias Darlison ha sido identificado como jefe de la estructura 36 del bloque Magdalena Medio del EMC, uno de los grupos más activos dentro de las disidencias. Su captura y posterior liberación generaron reacciones encontradas en diversos sectores, que expresaron preocupación sobre el equilibrio entre la justicia y los mecanismos de paz.
Este caso ha revivido cuestionamientos similares a los surgidos en 2023, cuando un operativo del Ejército interceptó una caravana de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a miembros del EMC, incluyendo a alias Firu, quien también tenía un estatus especial por su participación en las negociaciones. En esa ocasión, la presencia de $60 millones en efectivo dentro de los vehículos generó controversia sobre la forma en que se están gestionando los recursos y las medidas de protección en el contexto del proceso de paz.