El cuerpo sin vida de William Antonio Viloria Hernández, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue hallado el pasado 12 de abril en la vereda Chompitas, en Chigorodó, Antioquia, con múltiples impactos de bala. Viloria, de 44 años, adelantaba su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Brisas de Caracolí, en el Carmen del Darién, Chocó, desde 2017.
Este crimen se suma a la larga lista de asesinatos contra excombatientes en proceso de reincorporación, sin que el Estado colombiano logre brindar las garantías mínimas para proteger sus vidas. Desde 2020, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre la presencia del Clan del Golfo en la zona, advertencia que tristemente se ha materializado ante la falta de acciones contundentes.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la ONU y la Corte Constitucional, han insistido en la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección para quienes le apostaron a la paz. A pesar de los compromisos asumidos en el Acuerdo, los homicidios continúan, dejando en evidencia el abandono institucional y la desprotección total de quienes dejaron las armas por un nuevo comienzo.
El asesinato de Viloria Hernández representa una nueva herida para el proceso de paz y una alerta roja para la comunidad internacional. La sociedad civil, organismos humanitarios y defensores de derechos humanos exigen justicia, verdad y garantías reales de no repetición. La paz no puede seguir pagándose con sangre.
#NosEstánMatando #PazEnRiesgo #FirmantesDePaz #Chocó #JusticiaParaViloria #AcuerdoDePaz @DefensoriaCol @MisionONUCol @CConstitucional @UNHumanRights