En el marco del Caso 004 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aborda las afectaciones sufridas en la región de Urabá durante el conflicto armado, comunidades afrodescendientes del Bajo Atrato comparecieron el pasado 26 de marzo en audiencia pública en Apartadó para presentar propuestas de reparación colectiva. La intervención estuvo liderada por los consejos comunitarios de La Larga Tumaradó (Cocolatu) y de la cuenca del río Salaquí (Cocomacusal), con el acompañamiento del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Uno de los aspectos centrales de sus propuestas fue la reivindicación de los derechos de las mujeres sabedoras ancestrales, quienes, según los testimonios presentados, sufrieron una victimización diferencial. Estas mujeres, guardianas del conocimiento tradicional sobre medicina natural, curación con plantas, partería y rituales comunitarios, fueron desplazadas, estigmatizadas y en algunos casos asesinadas por actores armados que las acusaban de practicar brujería.
“Hubo mucha muerte porque las mujeres que sabían de partería fueron señaladas por su conocimiento”, relató una lideresa que intervino durante la audiencia y solicitó reserva de su identidad por razones de seguridad. Las comunidades denunciaron que esta pérdida no solo dejó un vacío en el cuidado de la salud en territorios rurales apartados, sino que también debilitó profundamente la identidad cultural y la cohesión comunitaria.
Las propuestas entregadas a la magistrada Nadiezhda Henríquez incluyeron planes para rescatar estos conocimientos mediante talleres intergeneracionales, actividades de formación para jóvenes y la documentación de prácticas medicinales afro e indígenas. Además, plantearon medidas para visibilizar la violencia ejercida contra las sabedoras durante el conflicto y garantizar su inclusión activa en los procesos de memoria, justicia y no repetición.
En términos de reparación territorial, los representantes comunitarios propusieron la recuperación ambiental de sus ecosistemas, especialmente de las cuencas hídricas que fueron afectadas por acciones bélicas. Algunos ríos fueron obstruidos de manera deliberada para impedir el paso de actores armados enemigos, lo que deterioró el equilibrio ecológico y limitó la movilidad de las comunidades. El plan incluye jornadas de limpieza fluvial, la construcción de viveros con especies nativas y la reforestación de zonas degradadas.
Otro tema central fue la preocupación por la restitución de tierras. Las comunidades señalaron que el proceso lleva años sin resolverse y que los constantes cambios de jueces han dificultado su avance. “Nos preocupa que se empiece de nuevo, después de que ya se había estudiado el expediente”, expresó un vocero comunitario. Además, hicieron un llamado urgente a garantizar condiciones seguras y dignas de retorno para la población desplazada, muchas de las cuales siguen viviendo en cascos urbanos sin posibilidad de regresar a sus tierras.
Los caminos y vías de comunicación también fueron incluidos en las solicitudes. Las comunidades explicaron que durante el conflicto se destruyeron o se dejaron en abandono muchas rutas que conectaban veredas y riberas con los centros de abastecimiento, lo que generó confinamiento y aumentó la vulnerabilidad de la población.
La magistrada Henríquez valoró la participación activa de las comunidades y la solidez de las propuestas, destacando que estos aportes son fundamentales para trazar rutas de reparación integral. También reconoció los desafíos actuales del territorio, como la presencia de grupos armados ilegales que mantienen el control social y limitan la libre expresión de los habitantes.
“Sabemos que el control armado sigue siendo una amenaza. Pero este ejercicio demuestra una profunda capacidad de resistencia y de construcción de propuestas desde la base”, afirmó la magistrada.
Las comunidades reiteraron que su interés no es solo recibir una compensación simbólica, sino reconstruir sus territorios, recuperar su cultura y asegurar que sus conocimientos ancestrales no desaparezcan. “En el campo, una partera era una médica. Era quien atendía la emergencia cuando no había un hospital cerca. No podemos permitir que eso se pierda”, señaló otra lideresa.
Con este proceso ante la JEP, las comunidades del Bajo Atrato buscan no solo justicia, sino también el reconocimiento pleno de su papel en la construcción de paz, desde la resistencia, la memoria y la esperanza de un futuro en el que sus tradiciones vuelvan a florecer