Obligados a huir o a atrincherarse en sus hogares. El año pasado, más de 250.000 colombianos sufrieron restricciones o alteraciones a su libertad de movimiento por cuenta del accionar armado de grupos ilegales. Según el más reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), este flagelo, arraigado en la violencia histórica del despojo, continuó ocurriendo en paralelo al aumento de las hostilidades.
Esta organización, consultora de la ONU y la OEA, hizo una radiografía del tránsito humano forzado en el país, donde se cruzan el desplazamiento interno y la ola migratoria de población venezolana que decide asentarse o de otros extranjeros que ‘pasan’ rumbo al norte.
Frente a los ocho focos de conflicto activos, según esta ONG, “hunden sus raíces en el despojo de tierras, fenómeno que ha afectado de manera desproporcionada a la población indígena, afro y campesina. El despojo material ocurre cuando se amenaza o se emplean otros tipos de violencia directa para producir desplazamientos y abandonos forzados de tierras”.
Aunque la violencia del despojo ha sido perpetrada para obligar a huir a las víctimas, nuevas dinámicas criminales han surgido. Entre ellas, el confinamiento. Solo el Eln ha decretado, en el último año, nueve paros armados en Chocó, el departamento más golpeado por esta problemática, obligando a las comunidades a recluirse en sus territorios, despejándolos para actuar a sus anchas.
Codhes también incluye el desplazamiento transfronterizo, que hace referencia a exilios, refugios y asilos en otros países, como consecuencia de la guerra.