La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció la creación del Caso Conjunto 04-09, con el que busca investigar de manera integral los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado en catorce municipios de la cuenca del Atrato.
Según la JEP, los hechos investigados ocurrieron entre 2002 y 2016 y habrían sido cometidos por estructuras del Bloque Noroccidental de las extintas Farc, integrantes de la fuerza pública y terceros civiles.
Las zonas priorizadas han sido organizadas en cuatro subregiones:
Darién: Acandí y Unguía.
Bajo Atrato: Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá (Chocó) y Murindó (Antioquia).
Medio Atrato: Bojayá, Medio Atrato, Quibdó (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia).
Alto Atrato: Atrato, Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y Río Quito.
Entre los crímenes documentados figuran desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores y afectaciones ambientales, en una zona que ha sido históricamente disputada por su valor estratégico, ecológico y económico.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y articula las indagaciones del Caso 04, que priorizó la región del Urabá, y el Subcaso Chocó del Caso 09, enfocado en crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos.
La JEP retomó como base la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Esta decisión le impone al Estado el deber de cuidar tanto el ecosistema como a las comunidades étnicas que habitan en su entorno.
Hasta la fecha, en el Caso 04 han sido acreditadas más de 54.000 víctimas, en su mayoría integrantes de comunidades étnicas organizadas colectivamente, y en el Subcaso Chocó del Caso 09 se han registrado más de 128.000 víctimas con pertenencia étnica.