Un equipo conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, expresaron preocupación por el bajo nivel de cumplimiento de los acuerdos firmados hace siete años durante el Paro Cívico en Buenaventura.
Durante una mesa de trabajo con voceros del movimiento social Paro Cívico de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo resaltó la necesidad de fortalecer el seguimiento de los compromisos priorizados. Se acordó que los garantes realizarán los requerimientos pertinentes a las autoridades e instituciones que suscribieron los acuerdos.
El cumplimiento de los acuerdos apenas alcanza el 7%, lo que genera preocupación entre los observadores y la comunidad. Se hace un llamado urgente al Gobierno nacional, próximo a completar dos años de su período, para que ratifique su compromiso con el acuerdo en el artículo 288 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
La protesta social, que tuvo lugar entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017, fue una manifestación de las comunidades de Buenaventura por la escasez de agua potable, la malversación de fondos, el alto desempleo, entre otras problemáticas. Tras 22 días de negociación, se concordó un presupuesto de 1.5 billones de pesos para el desarrollo de la región, incluida la creación de FonBuenaventura.
Es imperativo que las autoridades nacionales y locales reafirmen su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos pactados durante el Paro Cívico en Buenaventura, garantizando así el bienestar y desarrollo de la comunidad. Los observadores seguirán vigilantes para asegurar que se tomen las medidas necesarias para lograr cambios significativos en la región.