SEMANA denuncia una macabra práctica del ELN en el Chocó, donde estarían vendiendo a niñas indígenas al mejor postor. Las víctimas son sacadas de sus resguardos y ofrecidas en las carreteras.
La espiral violenta del Chocó cada vez llega a niveles más alarmantes. SEMANA conoció de una alta fuente militar una grave denuncia sobre una red de trata de personas con fines de explotación sexual que delinque en las carreteras de ingreso a ese departamento desde Medellín y Pereira sin que pueda haber control alguno para evitarlo.
La fuente aseguró que los delincuentes sacan de sus territorios a niñas indígenas y afros que están haciendo el tránsito a adolescentes para vender sus virginidades a depredadores sexuales. Según testimonios recopilados por las Fuerzas Militares, los criminales cobran entre 1 y 5 millones de pesos por cada niña que es entregada en sus brazos
.El fenómeno ha sido percibido por militares en carreteras como la que conduce de Medellín a Quibdó y de Pereira a Quibdó, principalmente en los sectores de Pueblo Rico, Guarato y Yuto, donde viven familias de escasos recursos, amenazadas por los bandidos para que entreguen a sus pequeñas con ese criminal fin.
A este panorama se suma que en zonas del Bajo Baudó la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó el martes 17 de marzo un paro armado indefinido: no hay servicios de lanchas y de ningún otro transporte, la gente no puede salir a pescar, ni a cazar ni a cuidar sus cultivos.
La situación es tan grave que una niña murió de “un virus que está dando diarrea, tos, fiebre”, describió la fuente. La Defensoría del Pueblo afirmó que ese paro armado “afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas –pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galves, Bella Vista y Puerto Ismarek– integradas por 886 familias (4.114 personas)”.
Esa misma entidad, el 5 de diciembre del año pasado, lanzó una alerta sobre la ocurrencia de una grave vulneración de derechos sexuales y reproductivos en zonas de conflicto armado.
La preocupación de la Defensoría era “por la persistente y sistemática vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (Osignh)” en el municipio de Buenaventura, la subregión del Catatumbo, en los departamentos de Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó.
“Las dinámicas de control ejercidas por los grupos armados ilegales restringen gravemente el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y sexual y la integridad física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes; enfrentan un riesgo diferenciado y desproporcionado”, manifestó ese organismo.
Por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, en el Chocó “han documentado prácticas de explotación sexual, trata de mujeres migrantes y niñas de 10 a 12 años con infecciones de transmisión sexual producto de violencia sexual”.
Aunque no hay datos que permitan inferir que algunas de esas víctimas son las que han documentado las fuentes militares en ese territorio, la situación no deja de ser grave. De hecho, el organismo indicó que “parteras y personal médico han sido amenazados cuando intentan brindar atención en salud, y han sido reportados asesinatos de personas tras ser obligadas a someterse a pruebas rápidas de ITS por grupos armados”.
Eso brinda herramientas para entender por qué las víctimas y sus familias permiten el silencio antes que denunciar esta grave práctica de vender las virginidades de niñas en zonas bajo control de grupos armados.
Ahora, ¿quién es el responsable de la explotación sexual de los niños en el Chocó? Lo que han podido establecer los militares, preocupados por esta situación, es que en la cadena de horror están involucrados familiares, amigos de las víctimas y grupos armados, como el ELN y el Clan del Golfo. Esto no es un descubrimiento.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo en su alerta hace referencia solamente a los grupos armados, en la zona todos saben de quién se trata. Es más, un informe de 64 páginas del Cinep-Programa por la Paz, titulado EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo, de junio de 2025, detalla también ese tipo de violencia ejercida sobre los menores de edad.
Uno de los testimonios recogidos en ese documento detalló cómo actúan los integrantes del Clan del Golfo, conocido en la zona también como Ejército Gaitanista de Colombia. “Los miembros del EGC toman control sobre sus vidas desde la manipulación de las necesidades económicas del núcleo familiar. Se acercan a los padres ofreciendo dinero, bienes o servicios, ganándose su confianza y vendiendo la idea de que, junto a él, no les faltará nada”, señala el informe.
También lo hacen con mujeres de más edad, aprovechando la fragilidad económica de una región que cuenta con la pobreza monetaria más alta del país. Según el Dane, en 2024, Quibdó registraba una pobreza monetaria de 59,6 por ciento, 10,8 por ciento más que Riohacha; además, ocupaba el triste primer puesto en esa medición entre 23 ciudades, en las cuales fueron medidas Bogotá, Medellín, Cali, pero también Cúcuta, Ibagué, Florencia y Montería, donde la escasez es pan de cada día.
Otra entrevista dada a conocer en ese estudio describió la manera en la que los grupos armados ven a las niñas como un objeto.
“En Unguía hubo un comandante que llegó a tener 60-65 niñas de todas las veredas y corregimientos. Las veía cada seis meses. Empezó a hacer casas, como un condominio. Las niñas las metía ahí. A todas les colocaba casa y moto. Esas niñas eran vigiladas, tenían vigilancia, no podían salir del territorio. Todo lo que necesitaban se lo llevaban. No podían salir del casco urbano. Si querían estudiar, igual se tenían que quedar allá, porque eran propiedad de él”, dijo en abril de 2024 una lideresa de ese municipio donde el Clan del Golfo, en sus diálogos con el Gobierno Petro, prometió cesar el reclutamiento forzado y es una de las zonas de ubicación temporal junto a Belén de Bajirá y Tierralta, Córdoba.
La preocupación de las fuentes militares es, entonces, que, mientras ellos patrullan zonas aledañas a las carreteras, tienen que ver cómo sigilosamente la red de trata de personas ofrece a las niñas y cómo los depredadores sexuales buscan esos servicios.
Esas menores, en muchos casos, terminan siendo expulsadas a las grandes ciudades y acaban en las calles, explotadas por redes que las obligan a pedir dinero para ellas y, si quedaron en embarazo y tuvieron hijos, para estos. O incluso revictimizadas, al ser objeto de violaciones sexuales en sus comunidades.
De cualquier manera, la situación es tan grave que la Defensoría del Pueblo aseguró que este tipo de hechos da como resultado “afectaciones preocupantes en la salud mental de las mujeres a causa del impacto del conflicto armado, sin capacidad institucional ni comunitaria para lograr abordar las consecuencias y los impactos desproporcionados en comunidades indígenas y afrodescendientes”.
CORTESIA REVISTA SEMANA