La alta probabilidad de combates entre el ELN y el autodenominado y disidente Estado Mayor Central tiene en peligro a comunidades afro e indígenas.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 010 de 2026 para el municipio de
El Litoral del San Juan, Chocó, en razón a los graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Esto se debe a la alta probabilidad del inicio de confrontaciones bélicas entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara (del ELN) y el Frente Jaime Martínez (del Bloque Occidental Jacobo Arenas, BOCJA, adscrito al autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC).
Escenario de riesgo
El escenario de riesgo se concentra en el interés de ambos grupos por el control de la quebrada Munguidó, afluente estratégico que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan. Este territorio constituye una «llave» para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como para la minería ilegal y la extracción de madera.
La Defensoría advierte sobre una reconfiguración armada que se viene dando desde el 2025, pues el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre áreas históricamente controladas por el ELN, posiblemente bajo una alianza o acuerdo de relevo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC (antes
AGC). Es por ello que la entidad alerta sobre la materialización de graves
Consecuencias humanitarias.
En las primeras semanas del 2026, la violencia se recrudeció con el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de otros dos en el afluente Munguidó.
Esta situación provocó el confinamiento forzado de 1.367 personas (465 familias) de comunidades negras e indígenas, que tienen prohibida la movilidad por los ríos, impidiéndoles realizar actividades vitales como la pesca, la caza y la agricultura.
La población local ha reportado estar aguantando hambre debido al bloqueo impuesto por los grupos armados.
Lugares en peligro
El riesgo es focalizado para veredas del consejo comunitario general del San Juan (Acadesan) y el resguardo indígena Chagpien Tordó.
Las veredas en peligro son Pangalita, Los Perea, Munguidó, Las Delicias, Barrios Unidos, Pángala, Palestina, Coco, Qichero, Taparal, Taparalito San José, Jerusalén, Pueblo Nuevo, Guaimía, Villa Victoria, Peñita, Las Brisas, Tordó, Chivirico, Osorio, Chapién, Durardur y Cocomá.
Gobernanza armada
Estas estructuras ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada mediante la distribución de panfletos, como el del 31 de enero de este año, en el que el BOCJA amenaza con declarar «objetivo militar» a quienes no se unan a sus filas o sean señalados como colaboradores del bando contrario.
Esta dinámica de estigmatización y control restringe la autonomía de las autoridades étnicas de las organizaciones Acadesan (representa a comunidades afro) y Woundeko (representa a comunidades indígenas), quienes en ocasiones deben pedirles «permiso» a los grupos ilegales para desplazarse por su propio territorio.
Adicionalmente, han sido documentados ataques con drones, a los que les instalan explosivos, una táctica recurrente del BOCJA que ya dejó víctimas en la zona el año pasado. También preocupa la posible instalación de minas antipersonal (MAP) en caminos rurales y zonas de tránsito.
Derecho a la salud es vulnerado y menores de edad están en riesgo La situación de salud es crítica, puesto que han sido reportados casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido ser evacuadas ni recibir atención médica debido al confinamiento.
El riesgo es especialmente alto para las infancias y adolescencias. En 2025 se registraron siete casos de reclutamiento forzado y actualmente 324 estudiantes no reciben clases debido al temor de las y los docentes, y hay restricciones de movilidad. Las escuelas en zonas como Munguidó carecen de condiciones básicas y entornos seguros, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores de edad ante
la “oferta” de los grupos armados.
Llamado a la acción
Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 17 recomendaciones en su ATI a entidades del orden nacional y territorial, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Unidad para las Víctimas, Fiscalía General de la Nación, Gobernación del Chocó, entre otras.
Las recomendaciones instan a dar una respuesta rápida que permita disuadir la violencia, implementar tecnologías para neutralizar ataques con drones, fortalecer la autoprotección étnica y garantizar asistencia humanitaria integral bajo un enfoque de seguridad humana.