Al contrario de lo que ocurre en la vida común, en muchas ocasiones tener razón en nuestras opiniones nos causa dolor, dolor de ciudad. Y en el caso que aquí expondremos ese sentimiento es abrumador. Desde 2010 advertimos que el proyecto “Todos por el Pacífico – Componente Chocó” no era un buen negocio para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira (Aguas y Aguas) por las dificultades físicas, técnicas y de orden público que sería necesario afrontar para ejecutar lo que se debería construir.
Sin embargo, al llamado del gobierno nacional, únicamente nuestra empresa, dentro del conjunto de empresas públicas y privadas que en Colombia tenían experiencia en la construcción de acueductos, levantó la mano y, sin muchas vueltas, le adjudicaron el contrato interadministrativo 186/2010, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo objeto era: “Realizar la Gerencia integral para desarrollar la ejecución del programa “Todos por el Pacífico” para el “Componente Chocó”, que comprende los municipios del departamento del Chocó que sean vinculados al mismo (…)”
Hoy la “Evaluación Final Del Programa” señala: “problemas de orden público, problemas de carácter técnico y el contratista mismo (…)” como causas del incumplimiento de lo contratado. Debemos confesar que “el contratista” no estuvo entre los riesgos que advertimos.
El proyecto “Todos por el Pacífico – Componente Chocó”, terminó convirtiéndose en un caso emblemático de retrasos, improvisaciones técnicas, sobrecostos potenciales y cuestionamientos administrativos que hoy obligan a preguntarse cómo una iniciativa presentada como ejemplo de capacidad institucional acabó rodeada de advertencias oficiales, investigaciones y obras inconclusas y lo que inicialmente debía ejecutarse en un plazo relativamente corto terminó prolongándose durante más de trece años.
El programa, en su financiación, tuvo aportes del Gobierno español por cerca de $72 mil millones, el 70,63% y aportes del Gobierno colombiano por valor de $30 mil millones, el 29,37%; para un total de $102 mil millones de 2010. Y el plazo de ejecución, pactado inicialmente en 59 meses, tuvo desde el año siguiente, 2011, repetidas modificaciones y ampliaciones del plazo, mediante una larga sucesión de otrosíes que extendieron la ejecución primero a 48 meses, luego a 82 meses y posteriormente hasta junio de 2023. El proyecto sobrevivió a cambios de gobierno, ajustes financieros y modificaciones contractuales, mientras persistían los problemas de ejecución.
El informe técnico elaborado por el Ministerio para sustentar la declaración de siniestro, por incumplimiento contractual, comienza anotando que Aguas y Aguas de Pereira tenía la obligación pactada de responder por la correcta inversión, ejecución y funcionamiento de las obras de infraestructura acometidas en el marco del programa y concluye que esa obligación apenas fue cumplida parcialmente.
Concretamente el documento anota: “no hubo correcta ejecución ni funcionamiento de los proyectos en Istmina, Nóvita y Medio Baudó. A ello se suma que el proyecto de Río Quito no fue recibido a satisfacción debido a defectos que nunca fueron corregidos, razón por la cual el sistema tampoco entró en funcionamiento.” En términos prácticos, después de años de ejecución y multimillonarios recursos comprometidos, varias comunidades continuaban sin recibir los beneficios prometidos.
Redacción: Diario del Otún