En el marco del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo (CNGR), la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció la intervención de 150 sedes educativas afectadas por las lluvias entre 2022 y 2024, distribuidas en 70 municipios de 20 departamentos. Esta iniciativa, con una inversión de 63.650 millones de pesos a través de un contrato ejecutado por Findeter, busca instalar aulas y realizar mejoras significativas en infraestructuras educativas.
El programa, denominado ‘Escuela Protectora y Segura’, beneficiará a 38.828 estudiantes, fortaleciendo la resiliencia del sector educativo frente a eventos climáticos extremos. La ministra presentó un balance detallado de las acciones realizadas desde 2023, resaltando la importancia de estas inversiones para mitigar y gestionar riesgos en las comunidades escolares.
Asimismo, se solicitó una asignación adicional de 70.000 millones de pesos para intervenir en 150 sedes rurales más afectadas durante las vigencias 2024 y 2025, conforme al Decreto 1810 de 2023 que prorrogó la situación de Desastre Nacional.
Entre las obras destacadas, se encuentran los mejoramientos en Suárez y Rosas (Cauca), así como el reasentamiento integral de comunidades en Pogue (Bojayá) y Boraudo (Lloró, Chocó). En Suárez, se invierten más de 3.511 millones de pesos para 1.595 estudiantes, mientras que en Rosas se destinan 1.326 millones para beneficiar a 980 estudiantes.
En el Chocó, las acciones están enfocadas en la construcción de espacios educativos para Pogue y Boraudo, con una inversión de 3.500 millones de pesos cada uno, asegurando instalaciones adecuadas para la educación inicial, básica y media.
Además, se activaron protocolos preventivos en 27 sedes educativas cercanas al volcán Puracé, donde están matriculados 1.914 estudiantes, incluyendo población indígena y de negritudes, ante la posible erupción volcánica. En la costa Caribe, se extendieron las medidas preventivas para proteger a 114.837 estudiantes de 3.963 sedes educativas durante la temporada de ciclones y huracanes.
Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado del gobierno para garantizar la seguridad y continuidad educativa frente a los desafíos climáticos y naturales que enfrenta el país.