Los uniformados, que adelantaban una operación legítima contra el GAO ELN, fueron interceptados y despojados de su armamento por cerca de 200 integrantes de la guardia indígena del Resguardo La Puria, quienes alegaron presencia no autorizada de la Fuerza Pública en su territorio.
El comunicado oficial subraya que no existe normativa que vete la presencia del Ejército en territorios nacionales para operaciones de seguridad legítimas. Además, se denunció la vulneración de los derechos de los uniformados, quienes fueron obligados a identificarse en un video que posteriormente fue difundido, lo cual constituye una violación a su dignidad e intimidad. En respuesta, el Ejército Nacional interpuso denuncias formales por delitos como secuestro, asonada y obstrucción a la función pública.
El Gobierno Departamental exige la liberación inmediata de los uniformados, advirtiendo que «no se admitirá negociación alguna que recaiga sobre derechos fundamentales como la libertad, la dignidad humana, la integridad y la acción legítima del Estado». Se enfatiza que el Estado colombiano no reconoce territorios vedados para el ejercicio de sus funciones constitucionales, y se reitera el compromiso de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluidas las comunidades étnicas, una vez sean liberados los retenidos.
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