El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica, social y por grave calamidad pública en 15 departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, entre ellos Chocó, Antioquia, Cauca, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas. La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días.
La decisión busca movilizar recursos de manera extraordinaria para atender a las familias damnificadas, acelerar la recuperación de las zonas afectadas y avanzar en la reconstrucción de viviendas, infraestructura y servicios esenciales golpeados por la emergencia.
Con esta declaratoria, el Gobierno podrá implementar medidas especiales para reasignar recursos públicos, facilitar créditos de emergencia, otorgar alivios tributarios y fortalecer los programas de ayuda social, además de adoptar mecanismos para proteger empleos y apoyar a trabajadores e independientes afectados por la tragedia.
El decreto también contempla acelerar la recuperación de hospitales, sistemas de agua, energía y telecomunicaciones, así como flexibilizar programas de vivienda, alojamiento temporal, reubicación y educación en las zonas donde las instituciones resultaron afectadas por el fuerte movimiento telúrico.
Para el Chocó, uno de los territorios más golpeados, la medida representa una herramienta clave para acelerar la atención humanitaria y la reconstrucción de los municipios afectados. El Gobierno busca disponer de recursos y mecanismos extraordinarios para responder a la magnitud de la emergencia y acompañar a las comunidades durante la recuperación.
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