El Instituto de Ciencia Política ‘Hernán Echavarría Olózaga’, ICP, alertó sobre señales de interferencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales que podrían restringir el voto libre. En varios territorios, estos grupos estarían condicionando cómo votan, si votan y por quién votan los ciudadanos, mediante mecanismos de coerción, vigilancia, presión comunitaria, restricciones informales y control territorial.
“El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo. La observación nacional e internacional debe llegar al entorno electoral, no solo al puesto de votación”, afirmó Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política.
El ICP constituyó la Veeduría Entorno Electoral 2026 y, junto con la Fundación Colombia 2050, desarrolló su primer ejercicio en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026, y presentó el informe “Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026. Hallazgos de la Veeduría Entorno Electoral, análisis estadístico electoral de Congreso y monitoreo de fuentes abiertas”. https://icpcolombia.org/wp-content/uploads/2026/05/Votar-con-miedo.-Senales-de-interferencia-y-coercion-criminal-en-las-elecciones-2026.pdf
La evidencia no es sólo estadística. La Veeduría Entorno Electoral 2026 documentó hechos concretos que muestran cómo el voto puede ser condicionado antes de llegar a la urna: en Caquetá, exigencia de certificado electoral bajo amenaza de sanciones o multas; en Guaviare, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas; en El Tarra, presencia de grupos armados en inmediaciones de un puesto de votación; en Guapi y López de Micay, acompañamiento de electores hasta la mesa y registro de la opción marcada; y en Bajo Baudó, constreñimiento a comunidades indígenas.
En este informe, de 92 páginas, se anota: “La compra de votos dejó de ser un fenómeno marginal para constituirse en un mecanismo estructural de captura electoral con tarifas, sistemas de verificación fotográfica y pago diferido contra entrega de certificado electoral”.
“Las tarifas documentadas oscilaron entre 20.000 pesos por voto en zonas de menor capacidad económica del actor capturador y 500.000 pesos, valor reportado en Bajo Baudó (Chocó) como la cifra más alta del país”.
Específicamente detalló el caso de Bajo Baudó, así:
“Bajo Baudó: constreñimiento físico y verbal a comunidades indígenas. En el municipio de Bajo Baudó (Chocó), específicamente en la Institución Educativa Francisco Pizarro, se documentó de manera reiterada el constreñimiento a comunidades indígenas. “Militantes de partidos políticos las obligaron a votar en grupo bajo amenazas y malos tratos físicos y verbales.
“Adicionalmente, los veedores identificaron un sistema de control basado en carpas instaladas a 150 metros del puesto, donde los votantes debían anotarse antes de sufragar y regresar con el certificado electoral para reclamar un «refrigerio» con valor reportado entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos: la cifra más alta documentada en todo el país.
“La gravedad de este caso combina la captura económica del voto a una escala sin precedentes con la violencia étnica y de género ejercida sobre comunidades indígenas, particularmente vulnerables en términos de garantías diferenciales para el sufragio”.
En el caso de próxima elección presidencial el ICP detectó 327.000 votos en puestos atípicos en zonas con presencia de grupos criminales que podrían incidir en la elección presidencial. “El análisis evidencia riesgos al voto libre en zonas críticas y un potencial electoral de 494.434 electores habilitados, una magnitud no marginal en una presidencial competida”.
“En el componente estadístico, el ICP identificó 722 puestos físicos únicos con al menos tres señales electorales atípicas convergentes, a los que se suman 103 puestos donde el voto en blanco, nulo o no marcado fue ganador en municipios con riesgo territorial activo. En conjunto, estos puestos reúnen 327.196 votos efectivos y un potencial electoral de 494.434 electores habilitados. En una elección presidencial, donde los votos se agregan nacionalmente, esta magnitud no puede tratarse como marginal”.