Un convenio por más de 6.435 millones de pesos, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, es objeto de denuncias por presuntas irregularidades en su ejecución, las cuales habrían provocado una reducción cercana al 40 % de la cobertura del programa nacional «1000 Días para Cambiar el Mundo», dirigido a prevenir y atender la desnutrición infantil y materna en el departamento.
De acuerdo con la información conocida, el convenio interadministrativo No. 27004722025 fue firmado en noviembre de 2025 con el propósito de beneficiar inicialmente a 1.560 niños, niñas menores de cinco años y mujeres gestantes en varios municipios del Chocó.
Sin embargo, durante una visita de supervisión realizada por el ICBF el 19 de febrero de 2026, se habrían detectado múltiples deficiencias en la prestación del servicio. Entre los hallazgos figuran la utilización de equipos antropométricos sin la debida calibración, presuntas fallas en la valoración nutricional de los pacientes y el incumplimiento de varias etapas del protocolo establecido por el Ministerio de Salud para la atención de casos de desnutrición.
Como consecuencia de estos hallazgos, el Comité No. 007 del ICBF, reunido el 19 de marzo de 2026, recomendó liberar 2.060 millones de pesos del convenio, recursos que regresaron al presupuesto del Instituto al no ejecutarse las actividades inicialmente programadas.
La decisión también redujo significativamente la cobertura del programa. De una proyección de 1.560 beneficiarios mensuales, el servicio pasó a atender únicamente 940 personas, dejando por fuera a 620 niños y mujeres gestantes cada mes.
Además, fueron eliminadas unidades de atención que tenían cobertura en municipios como Juradó, Nuquí, Bahía Solano, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Sipí, entre otros territorios del departamento, donde los indicadores de desnutrición infantil continúan siendo motivo de preocupación.
Las denuncias ya fueron puestas en conocimiento de los organismos de control, que deberán establecer si existieron responsabilidades administrativas, disciplinarias o fiscales por las presuntas irregularidades en la ejecución del convenio.
La situación cobra especial relevancia debido a que el Chocó continúa enfrentando serias dificultades en materia de acceso a servicios de salud y presenta algunos de los mayores índices de desnutrición infantil del país, especialmente en comunidades apartadas, donde este tipo de programas representan una de las principales estrategias para proteger la vida y la salud de niños y mujeres gestantes.