Expertos advierten que deben establecerse filtros y mecanismos muy precisos para que las ayudas en dinero y especie lleguen directamente a los afectados por el sismo y no a los colados
SIGUE CRECIENDO el censo de damnificados por el terremoto que afectó más las regiones del centro y occidente del país. Va en 294.503 personas, que corresponden a 143.533 familias, según las cifras más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este proceso no ha estado exento de dificultades porque en algunos municipios hubo demoras en comenzar, en otros no se ha logrado censar a toda la gente; también hay denuncias porque, supuestamente, hay personas coladas que pretenden hacerse a una vivienda o a un subsidio para adquirirla, pero en realidad no eran poseedores.
Por ello, hay quienes consideran que es necesario depurar el censo de víctimas, con el propósito de que los recursos billonarios que destinará el Estado para la reconstrucción y las ayudas de la sociedad colombiana y el empresariado, así como los millones de dólares que se han anunciado de países amigos, beneficien a víctimas reales.
Algunos dicen que las autoridades fácilmente pueden saber si la persona que se presenta como víctima tenía vivienda, mirando en la Superintendencia de Notariado y Registro los certificados de tradición en los municipios comprometidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas familias vulnerables en esta zona del país han vivido por años en sitios no permitidos por gestión de riesgo o en predios que invadieron, por lo tanto, no han legalizado la propiedad.